La educación que yo quiero

SOMOS todos de Venezuela, por lo cual el valor de la educación de nuestros hijos depende en un altísimo grado de la educación de sus compatriotas.

El sistema de educación que yo quiero (SE qyq) rechaza tanto a quienes buscan mejorar la educación, interviniendo a la privada e igualando hacia abajo, como a quienes buscan refugiarse en la privada, para aislarse de la pública.

El SE qyq es uno en donde un padre tiene plena libertad de enviar a sus hijos a estudiar a un buen colegio privado, pero desiste de ello, por cuanto prefiere las alternativas públicas que se le ofrecen.

El SE qyq reconoce el sagrado deber que tiene el Estado de asegurarle a sus hijos la oportunidad de recibir una educación básica de calidad, que garantice los cimientos de la sociedad y al mismo tiempo asegure que los más calificados lleguen a ser las estrellas que impulsen al país hacia un futuro mejor. Al ser la educación un deber del Estado, considero que la misma debe ser totalmente gratuita.

El SE qyq reconoce el sagrado derecho de un padre de buscar libremente, en lo privado o en lo público, con los recursos a su alcance, la mejor educación para sus hijos, independientemente de su calificación.

El SE qyq sabe arbitrar con sabiduría entre el deber del Estado y los derechos del padre, buscando alcanzar siempre un ideal donde éstos coincidan y reconoce que su posibilidad de éxito se centra casi exclusivamente en mejorar la educación pública.

El SE qyq reconoce que la educación constituye la verdadera frontera del país, que en ella se libra una guerra de nunca acabar y honra a quienes lo merecen y castiga por traidores a la patria, a quienes por desidia, incapacidad o cualquier otra razón, busquen hacernos capitular.

El SE qyq se enfrenta con inteligencia al reto de buscar la mejor formación intelectual de nuestros hijos entendiendo que, entre la opción de que sea el niño venezolano el que sepa hablar inglés o el niño extranjero el que sepa hablar español, no puede permitir que unos complejos estúpidos afecten la posibilidad de privilegiar con el conocimiento bilingüe a los nuestros.

El SE qyq tampoco permite que debido a unos complejos de insuficiencia global, tan estúpidos como los anteriores, busquemos educar a nuestros hijos con cursos propedéuticos para el exilio, con la visión exclusiva de hacer de ellos profesionales multinacionales, antes que ciudadanos venezolanos.

El SE qyq acepta que los corazones de nuestros hijos son lo suficientemente grandes como para necesitar y saber manejar todo tipo de mensajes positivos y ni se le ocurre pensar que el país pueda beneficiarse por restringirles el acceso a una educación cristiana, que resalte la solidaridad, la moral y la familia, mucho menos en un mundo abrumado por tantos mensajes tan poco cristianos.

El SE qyq se fundamenta en la verdad, por lo que debemos declarar como vergonzoso, tanto las prácticas de reservar cupos en la UCV a los hijos de profesores, como el hecho de que nuestra sociedad, poco civil, le asigne mayor valor a un presidente de banco, un gerente multinacional o a un politiquero de oficio, que a un ministro de Educación, a un profesor o a un buen maestro.

El SE qyq es uno donde los padres, los maestros y la Venezuela de hoy buscan afanosamente ser superados por los hijos, los discípulos y la Venezuela del mañana.

Caracas, El Universal 21 de Diciembre de 2000

Venezuela masoquista

Otra vez, por idiota, acudí a uno de esos foros masoquistas, donde los venezolanos se reúnen para que, en su cara, expertos internacionales les cuenten lo bueno que ellos son y lo malos que somos nosotros. Esta vez fue con ocasión de la presentación del Índice de la Libertad Económica 2001, publicado por The Heritage Foundation y lujosamente editado en español.

Para comenzar, en la contracubierta del libro se establecía con orgullo que “el internacionalmente aclamado Índice de la Libertad Económica constituye una herramienta indispensable para todos aquellos que realizan inversiones o negocios en el extranjero”, para luego, con refinada crueldad, proceder a detallar las razones por las cuales consideran que Venezuela debe compartir, con China, Indonesia, Georgia, Malawi y Papúa Nueva Guinea, el puesto número 114.

Como es normal, los expertos internacionales sermonearon sobre la necesidad para Venezuela de abandonar el petróleo, como siempre sin explicar el por qué de tanta lloradera mundial, cada vez que recortamos su producción. Por lo visto, en su léxico, abandonar el petróleo, sólo significar renunciar a obtener un buen precio por ese activo no renovable y regalarle al mundo 6 millones de barriles, a un precio menor que 9 dólares – la madre de todos los masoquismos.

Con respecto al proteccionismo, se ignoró lo extraño que resulta que Venezuela esté inundada de importaciones y aún así reciba un puntaje de 4 en una escala donde el 5 es lo peor. Tampoco se comparó nuestra tasa arancelaria promedio del 11.8%, con los 400% o más que aplican Europa y otros países en impuestos discriminatorios a nuestro principal producto de exportación, el petróleo.

En cuanto a los obstáculos a las inversiones extranjeras, se mencionan los límites que existen para radio, televisión y prensa, sin decir una sola palabra sobre áreas como banca, telecomunicación y electricidad, donde el inversionista nacional, casi ha desaparecido. El resultado fue que Venezuela obtuvo el mismo puntaje que Francia en este renglón, no obstante que ese país es mucho más adverso al capital extranjero.

Toda la legislación relativa a la propiedad intelectual, marcas y patentes fue desarrollada por quienes son dueños del 99.9 % de las propiedades intelectuales, marcas y patentes que existen en el mundo. En ocasiones he alertado que por ser un país en vías de desarrollo, debemos tener cuidado al suscribir convenios en esta materia, para que éstos no sólo signifiquen obligarnos a comprar los cachivaches al precio que sea, en la tienda del super patrón global. Cuando entonces Venezuela, en materia de mercado negro y propiedad intelectual, se destaca por su mal comportamiento y saca 5 de 5, reconozco haber estado tentado a preguntar, si tal puntuación, en lugar de poca libertad, pudiera significar mucha libertad económica. Me faltó coraje.

Por supuesto que nadie se puede oponer a la mayoría de las recomendaciones expresadas por los constructores del referido índice. No obstante, jamás debe pensarse que con sólo seguir un recetario, sobre el cómo otros deseen que nos compartamos, podamos aspirar lograr algo bueno, como nación independiente.

Amigos, antes de aplicar proverbios tales como “más vale un pájaro en mano, que cien volando”, debemos estar seguros de no ser pájaros.

El Universal, Caracas, 7 de diciembre 2000

Los próximos 35 años del IESA

Creo que el hecho de haber obtenido hace más de 25 años el Master en Administración en el IESA, de haber sido profesor de Finanzas Internacionales durante 8 años, de haber incluso formado parte de su Coro y de ser actualmente miembro, a mucha honra, de la Junta Directiva de su Asociación de Egresados del Master, me han permitido conocer al IESA desde distintos puntos de vista. Es por ello que, con ocasión de la reciente celebración de los primeros 35 años del IESA, ruego me permitan compartir con ustedes algunas reflexiones respecto del rol, que a mi juicio, debería jugar el IESA durante sus próximos 35 años. 

Hace 35 años, el IESA sirvió de guía y tutor para iniciar en Venezuela, una enseñanza seria y profunda sobre las distintas ciencias de la administración. Si bien es válido sostener que el país no parece haber aprendido suficiente de administración, el hecho es que ya ese primer paso se dio y que el IESA ya no tiene el monopolio de esta área. Además, es de recordar que Internet está cambiando rápidamente las formas de accesar e impartir conocimientos. Todo lo anterior evidencia que el IESA necesita buscar un nuevo lugar bajo el sol. 

En mi opinión, la nueva razón de ser del IESA, estaría en el campo de aplicar las ciencias administrativas y su propia capacidad investigativa, en función de enseñar a Venezuela y a sus empresas a manejarse mejor en un mundo globalizado. Con frecuencia he sentido que al IESA, como instituto educativo perteneciente a un país en vías de desarrollo, como Venezuela, aún le falta mucho espacio académico por ocupar. A tal fin, me he permitido elaborar una breve lista de algunas áreas en las cuales considero que el IESA debería tener mayor presencia. 

La normativa comercial y legal, que actualmente rige en el mundo de la propiedad intelectual, fue esencialmente desarrollada por los países dueños de todos los derechos intelectuales, marcas y patentes. Es por ello que si consideramos que Venezuela será por mucho tiempo sólo un usuario de tales derechos, se vislumbra la necesidad de profundizar el análisis crítico de esa materia desde una perspectiva más acorde con la realidad que nos rodea. 

Otra área importante es la del petróleo y la energía. En un mundo energéticamente anoréxico, pudiéramos calificar a Venezuela como un país obeso, que necesita desarrollar sus propios instrumentos y métodos de análisis. Si hubiéramos enfrentado la situación desde esa perspectiva, quizás no habríamos tenido que pasar por el mal trago de descubrir, como lo hemos hecho recientemente, que durante décadas los países consumidores habían venido castigando a nuestro petróleo con inmensos impuestos discriminatorios. 

Otro aspecto que requiere de un mejor estudio son las regulaciones aplicables a nuestro sistema financiero, el cual parecería adoptar cada día más la agenda de Basilea, que puede que sea muy buena para un país desarrollado interesado en conservar lo que tiene, pero que le plantea una serie de interrogantes para un país en vías de desarrollo, como el nuestro. Entre éstas; ¿Cómo afectan esas disposiciones el rol vital que debería tener la banca, tanto en la promoción del crecimiento económico, como en la democratización del capital? 

Si diéramos una breve, pero crítica, ojeada al sistema del comercio internacional, de protección del ambiente y derechos laborales, seguramente nos percataríamos de que para combatir algunas de las actuales inequidades, deberíamos profundizar el análisis e investigación en ese campo. El IESA pudiera, sin duda alguna, ejercer la función de tutelar los intereses de las empresas del país al velar porque los negociadores de Venezuela posean, como mínimo, la misma capacidad negociadora y analítica que sus contrapartes en los países desarrollados. 

De igual forma, observamos que en el caso de muchos de los servicios profesionales, se reduce cada vez más el número de empresas auditoras, publicitarias, consultoras, bufetes internacionales, calificadores de riesgo, etc. Esta tendencia mundial tiene implicaciones, tanto para el país como para los futuros profesionales del IESA, que deben ser cuidadosamente analizadas. 

Finalmente, con tanto hablar de la globalización, existe el riesgo de olvidarse de que el sólo hecho de ser Nación, sigue teniendo un significado real para el futuro bienestar, propio y de nuestros hijos. La globalización, al estrechar los vínculos mundiales, obliga de por sí, a una defensa más férrea que nunca del patio propio. En este último sentido se debe recordar, que aún cuando la mayoría del profesorado pueda estar acostumbrado a transitar fácilmente de un país a otro, el IESA, como institución, no posee tal movilidad. Igualmente, la adopción poco discriminada de un modelo de administración global, seguramente no es lo que la mayoría de las empresas venezolanas buscan del IESA, como tampoco la mayoría de sus alumnos, aún cuando algunos de ellos, parezcan andar buscando un propedéutico para el exilio. 

Por todo lo antes expuesto, hoy en sus 35 años, justamente por encontrarse en un mundo globalizado, el IESA debe saber que el único lugar bajo el sol que puede ocupar es, como diría Ortega y Gasset, Venezuela y su circunstancia.

El Universal

Si yo estuviese habilitado

En las críticas circunstancias en que se encuentra el país, obviamente que jamás se me ocurriría asumir la responsabilidad de dirigir su economía, sin contar tanto con una Ley habilitante, como con el apoyo político, que verdaderamente permita implementar un programa de emergencia. Hablo de emergencia por cuanto, de no lograr aprovechar la actual coyuntura petrolera para reflotar y enrumbar nuestra economía, el próximo cambio de viento que ocurra en los precios petroleros, causará pánico. 

Nuestros actuales ingresos petroleros son como una torrentosa lluvia tropical, que empapa pero no moja, por lo que urgentemente necesitamos transformar a nuestro país de un estacionamiento asfaltado para comerciar lo importado, en un campo arado que pueda retener la humedad. A continuación resumo algunas propuestas de como lograrlo.

Reducir el IVA de acuerdo a la importancia que tenga la remuneración de la nómina local en el costo variable. Por ejemplo, en servicios como restaurantes lo fijaría en el 5%.

Destinar 1.000 millones de dólares para financiar viviendas a quienes podrían estar en condiciones de adquirirlas, si existieran créditos razonables a largo plazo. A tal efecto, colocaría 1.000 millones de dólares en un fideicomiso en la banca para que otorgue créditos a largo plazo en dólares, para adquirir viviendas cuya construcción se inicie después de anunciado el programa. Las condiciones serían del 8% fijo en dólares y 30 años para pagar. La banca, por el servicio, podría quedarse con el margen que reste después de haber cancelado al Estado una tasa del 6%, que equivale a lo que pagan los Estados Unidos por sus bonos a 30 años.

Solicitar a todos los sectores industriales, agrícolas o de servicios, que se consideren perjudicados de alguna forma por el proceso de la apertura comercial o que enfrenten dificultades para competir, que presenten, en 45 días, una solicitud de protección razonada, cuya vigencia mínima sería de 10 años. Estas solicitudes serían analizadas por una comisión de expertos independientes, quienes elegirían 50 de ellas, sobre la base de dar protección a quien, generando el mayor número de empleos, menos la necesite para hacerse competitivo. Obviamente que antes de aprobar esa lista convendría revisarla con Colombia, por ser nuestro único socio comercial, ya que para todos los demás, sólo somos clientes.

Anunciar un programa de privatización de todo el sector público de distribución eléctrica, basado en la entrega en usufructo de los activos eléctricos a empresas nacionales, que demuestren estar en condición de acometer las nuevas inversiones necesarias, ofrezcan la menor tarifa y para el caso de incumplir con las obligaciones asumidas, estén dispuestas a devolver los activos y la concesión de manera ordenada.

Imponer controles a la entrada de los capitales a corto plazo, inclusive a los nacionales, porque Venezuela no puede permitirse más, que los vaivenes del mercado petrolero sean amplificados por los capitales golondrina. 

Desconcentrar a Caracas, ordenando la reubicación de la Asamblea Nacional y de por lo menos 5 ministerios en otra ciudad.

Amigos, los motores de nuestro país se han apagado, por favor, dejemos de apostarle tanto al Gordo del Globo y juguémosle a Venezuela, así sea sólo un quintico.

El Universal, 23 de Noviembre de 2000

¿Sobreprotegido o no?

Viniendo de Estados Unidos, recibí de la aeromoza una botellita de agua y una bolsita de maní. En la botella, como de costumbre, aparecía la reconfortante información de que su contenido calórico era cero, sería muy preocupante de no ser así. No obstante, la leyenda de la bolsita me dejó loco, al leer que para obtener su información nutricional, tenía que escribir a la dirección allí indicada. ¿Qué hacía a 35.000 pies de altura, comérmela o no? Esto me hizo reflexionar sobre la increíble cantidad de normas destinadas a proteger al consumidor.

Leemos que en Japón existe gran preocupación porque su pueblo ha adoptado costumbres higiénicas demasiado exageradas, que podrían reducir su resistencia a microbios. Una posible evolución darwiniana, que obligue a los japoneses a vivir en burbujas de aire, ¿sería también aplicable a la sobreprotección del consumidor estadounidense?

Acudí a mi hermana, que por ser médico, la consideré como gran gurú de esta epidemia de las normas locas y de otras estupideces de los gringos, al estar casada con uno de ellos, para preguntarle confidencialmente, sin que se enterase mi cuñado: ¿Qué clase de sociedad puede requerir proteger a sus ciudadanos de tal manera? ¿Son tan brutos?. Sus respuestas fueron esclarecedoras, por lo que les comento lo que deduje de ellas.

En el comercio internacional se considera a los Estados Unidos como un país abierto, con los aranceles más bajos del mundo. Lo cual no es necesariamente cierto, si consideramos que su promedio de aranceles se compone de algunos del 0%, aplicados a productos de poco significado comercial, como un reactor nuclear y de otros muy altos, del 60%, aplicados a productos, que para proteger a los propios, quieren ahuyentar, como el concentrado de naranja.

Al igual que en el comercio la realidad no coincide con la creencia común, en materia de normativas sobre calidad, contenido y forma de uso, los Estados Unidos tampoco tienen toda la sobreprotección que creemos, padeciendo de una absoluta desprotección.

A juicio de mi hermana, no se trata de que los americanos sean brutos (para el record histórico familiar, mi cuñado jamás me ha parecido serlo) el hecho es que toda la normativa que observamos en ese país sólo constituye una débil línea de defensa, ante la inseguridad jurídica que se ha creado por la adicción de su sistema judicial a las demandas. Me cuenta, que el terror es tan grande, que hasta en coches para bebés se leen instrucciones que recomiendan sacar al bebé antes de doblarlo. En planchas, insisten en no planchar la ropa mientras esté puesta.

Las demandas y sus perjuicios no son ficciones. Pueden demostrarlo preguntándole a cualquier accionista de las tabacaleras en los Estados Unidos qué piensa sobre la inseguridad jurídica. Seguramente obtendrán respuestas muy interesantes, en términos de perjuicios monetarios per cápita. De igual manera, vemos que las primas de seguro, que deben pagar los médicos para medio defenderse, superan el sueldo anual de muchos médicos venezolanos. Sabemos lo difícil que nos puede resultar conseguir un médico de confianza, pero, para los médicos americanos, probablemente es más difícil aún conseguir un paciente de confianza. 

Vemos en las noticias que en Florida quieren demandar la nulidad del resultado electoral, alegando que 20.000 electores supuestamente se confundieron. Por la dificultad que tienen en ponerse de acuerdo acerca de quién debe ser su próximo presidente, ante un voto dividido 50-50, creo que los verdaderamente confundidos son muchos más, son todos los electores. Quizás deban hacer un outsourcing del gobierno. ¿Disney? 

Hablando de seguridad jurídica y apertura comercial, éstos fueron recientemente evaluados en el índice de Libertad Económica 2001 del Heritage Foundation, en donde Venezuela se ha ganado nuevamente el sótano, con el número 115 y los Estados Unidos con el 5. Es por eso que, como venezolano, para tratar de sacarme el clavo, estoy escupiendo hoy algo hacia el norte, en lugar de todo hacia arriba.

El Universal, Caracas 16 de Noviembre de 2000

Salvemos nuestros naranjales de la tristeza global

The Heritage Foundation acaba de publicar su índice de Libertad Económica 2001 y como en otros tantos índices de esta índole, Venezuela aparece otra vez en el sótano. Entre 150 países ocupamos el lugar 114 y Estados Unidos el número 5. Este índice mide, entre otros factores, el grado de apertura comercial. 

La semana pasada asistí a una conferencia internacional en los Estados Unidos, que versaba sobre las perspectivas económicas de las naranjas. Lo que allí oí me hizo pensar que, por lo menos en materia de comercio internacional, las posiciones de Venezuela y los Estados Unidos deberían estar invertidas en el referido índice. 

Efectivamente, a los precios de hoy, los Estados Unidos aplican un arancel para la importación del concentrado de naranja que equivale al 63% mientras que Venezuela, cortesía del Gran Viraje iniciado en 1989, sólo aplica un 20% si es que lo cobran en nuestras aduanas.

El arancel nuestro es ad valorem, es decir, que se calcula sobre el valor declarado, mientras que el de los Estados Unidos es específico, cobrando aproximadamente 8 céntimos de dólar por litro de jugo equivalente. El sistema de los Estados Unidos significa que a menor que sea el precio internacional del concentrado de naranja y por ende, mayor sea la protección necesaria, mayor es la protección real otorgada. En nuestro caso, lo contrario. A menor que sea el precio, por aplicar un porcentaje dado, menor es la protección real.

En Estados Unidos, aparte de que por la propia capacidad adquisitiva de sus mercados favorecen a los productos de mejor calidad, el hecho de que se pague el mismo arancel por un concentrado de mayor calidad, que por uno de menor y se fijen unos límites de calidad bien altos para permitir su importación, significa que a sus productores, sólo se les pide competir de manera muy protegida, contra lo más caro. En nuestro caso, lo contrario. A menor que sea el precio, por aplicar un porcentaje dado, menor es la protección real.

En Estados Unidos, aparte de que por la propia capacidad adquisitiva de sus mercados favorecen a los productos de mejor calidad, el hecho de que se pague el mismo arancel por un concentrado de mayor calidad, que por uno de menor y se fijen unos límites de calidad bien altos para permitir su importación, significa que a sus productores, sólo se les pide competir de manera muy protegida, contra lo más caro. En nuestro caso, lo contrario, el sistema conspira para que se nos envíe el producto de peor calidad y nuestro productor debe competir contra lo más barato, con poca protección. Por cierto, en este sentido se puede argumentar que Venezuela es víctima de un dumping, no de precios, sino calidad.

Hace aproximadamente quince años, viendo cómo su hacienda de naranjas era destruida por el virus de las tristeza, mi suegro con el empuje propio de un joven, sacó de raíz hasta el último de sus árboles y resembró una variedad más resistente. Aun cuando lo anterior constituía una significativa inversión y aun cuando para la época lo único que se recomendaba era sacar el dinero del país, él no vaciló un instante. Nosotros, su familia estuvimos orgullosos de él.

Hoy, años más tarde, su haciendo, al igual que la de los demás citricultores, está de nuevo en dificultades. La dramática caída en los precios de la naranja, la revaluación del bolívar en términos reales, la mínima protección arancelaria y la disposición de permitir la entrada de productos de mala calidad en cantidades desmedidas, son algunos de los factores que conspiran para asegurar que a menos que las autoridades intervengan urgentemente, el país quede inundado de producto importado, con la consecuencia de que las naranjas venezolanas se pudran en los árboles, al no justificar, ni siquiera, el costo de recolección y transporte.

Sé que los naranjeros de la Florida, aquel estado que tanto hemos favorecido con nuestro comercio en el ta-barato dame dos y que tan generosamente nos retribuyó prohibiendo el uso de la orimulsión, no sobrevivirían ni un año sin la protección, también sé que en un mundo de absoluta equidad comercial, las naranjas de Venezuela serían competitivas.

No obstante lo anterior, no es la injusticia de nuestra ubicación en el índice lo que me hace reaccionar hoy contra él. La razón principal es que tengo miedo de que, por la pobre ubicación de Venezuela en tal ranking, la próxima vez que una de nuestras autoridades deba decidir entre defender unos intereses nacionales o cumplir con unos dudosos acuerdos comerciales, un peligroso complejo de insuficiencia globalizadora, nuevamente atente contra lo nacional.

El mundo, con la globalización, requiere más que nunca de la defensa de los intereses del patio propio. Venezuela lleva años actuando de manera inocente bajo la ilusión de que si sólo “nos comportamos” y abrimos nuestras fronteras nos irá bien. Como dicen los americanos, ¡bullshit! ¡Pendejadas! No sé qué será necesario para sacar a nuestro país de esta equivocación, este letargo, esta apatía, pero al menos debería comenzarse por reconocer el hecho de que si bien nuestros socios comerciales no necesariamente son unos demonios, definitivamente no son unos angelitos.

Autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, por favor, sin complejos, rescaten nuestros naranjales venezolanos de la tristeza globalizadora antes de que sea demasiado tarde.

El Universal Caracas 8 de Noviembre de 2000

Despistados en el mar de la globalizacion

Acabo de regresar de un viaje por Centroamérica, donde tuve la ocasión de ver que en el debate sobre cómo mejorar los servicios públicos, tales como la administración del agua, está muy presente la posible entrega de concesiones a empresas extranjeras. Con tristeza reflexioné sobre cómo culturas, que hace cientos de años sabían bastante acerca de la administración de sus propios sistemas de agua, hoy han claudicado en su esfuerzo.

Hay una película juvenil llamada Clueless, que en español equivaldría a Despistado y que teniendo tres hijas, he tenido que ver varias veces. En esta película, la muchacha, al tratar de obtener el certificado de conducir, es regañada por el examinador por no saber estacionar, a lo que ella esgrime como excusa que en todos los lugares existe valet parking. Hoy, ante las dificultades de lograr que nuestros servicios públicos sean eficientes, siento que muchos responden en forma similar con un: '¿para qué esforzarnos, si para eso hay inversionistas extranjeros?

Cuando para dar un buen servicio público sean indispensables considerables recursos financieros o tecnologías avanzadas, como las que hoy existen el sector de telecomunicaciones, es posible que un país no tenga más alternativa, que la de concurrir por ante los inversionistas extranjeros para plantearles un negocio. Pero en el caso de proyectos, donde lo único que en verdad se necesita es una buena administración y lograr definir las relaciones con la comunidad en términos de calidad, monto de las tarifas y disposición del pago de éstas renunciar al esfuerzo de buscar una solución dentro del ámbito nacional, siembra de interrogantes a nuestra ambición de nación.

Se podrán preguntar ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la administración del agua o la distribución eléctrica con la vigencia de una nación, y la respuesta probablemente tendría que ser: 'directamente, nada'. No obstante y por cuanto construir una nación no es tarea fácil y requiere como mínimo, que la sociedad aprenda a resolver por sí sola sus propios asuntos, solventar los problemas de electricidad o de agua sobre la base de una ayuda externa, pudiese entonces equivaler a unos padres que haciéndoles las tareas a los hijos, les aseguran a ellos una buena nota, pero también el que no aprendan nada.

Se conoce que muchas de las actuales presiones, que terminan por crear las condiciones que propician la venta de concesiones de los servicios públicos a empresas extranjeras, provienen de los entes multilaterales. En ocasiones me he preguntado si tales entes, que tanto predican que más importante que dar de comer, es enseñar a pescar, no se dan cuenta de que lo que proponen es que vendamos el mar.

En Venezuela estamos cerca de reiniciar los procesos de privatización de ciertos servicios públicos y, en tal sentido, considero oportuno plantearnos, sin complejos, la pregunta sobre si los inversionistas extranjeros deben o no tener acceso a los mismos. Hago referencia a lo de sin complejos, por cuanto presiento que muchos sufren hoy de unos complejos de insuficiencia globalizadora, que con creces supera los algo exagerados complejos nacionalistas de hace unas pocas décadas.

Entonces, ¿qué debemos hacer para permitir y asegurar la presencia de intereses nacionales en las privatizaciones que se avecinan? Ante nada creo que es importante reconocer que la manera como se plantee el proceso privatizador, tenderá a ahuyentar o a atraer al inversionista nacional.

Por ejemplo, si para el caso de la privatización de una distribuidora eléctrica, el Estado desea obtener un pago importante en la subasta, el cual deberá sumarse a los requerimientos de inversiones eléctricas propias, la inversión total será tan grande que tenderá a descalificar al inversionista nacional. Si por el contrario, los activos eléctricos fueran, por ejemplo, entregados en usufructo a quien ofrezca cobrar las menores tarifas, los nacionales tendría una mejor posibilidad de participar. 

Por último y buscando apoyo por eso de que nadie es profeta en su propia tierra, me permito traer como referencia unas declaraciones que hace poco oí a David Montgomery, Visconte del Alemein, hijo del general Montgomery (Monty) y nuevo embajador de Inglaterra en México, donde sostenía que él simplemente no podía comprender cómo Argentina había vendido todas sus empresas de servicios públicos a inversionistas extranjeros. Yo tampoco lo comprendo, pero de lo que sí estoy seguro es que a menos que aceptemos perder a nuestro país en el mar de la globalización, debemos marcar con mayor claridad algunas posiciones limítrofes y no me refiero sólo a las fronteras geográficas.

¡Qué fastidio! Con tanto sitio para globalizar, ¿por qué quieren hacerlo justo aquí? 

El Universal

https://suombudsmanelectrico.blogspot.com/2000/10/despistados-en-el-mar-de-la.html

Papi ..... ¿el original o el quemado?

Suponga Usted que es padre (o madre) de dos gemelos, quienes aún cuando se llevan muy bien entre sí, son extremadamente celosos cuando se trata del cariño de sus padres. Un día se le acercan ambos, con ojos que brillan con una mezcla de entusiasmo y ansiedad y luego de pedirle la bendición, le piden que les diga cuál de ellos actuó mejor. El primero compró un disco original por Bs.12.000, mientras que el segundo, por una copia pirata del mismo, mejor conocida como “un quemado”, apenas pagó Bs. 4.000. Claro que la carátula de este último no tiene el mismo brillo, pero la calidad del sonido es imposible diferenciarla de la del original.

No es fácil responder a lo anterior y la respuesta podrá depender de muchos factores, tales como la diferencia de precios, el ingreso familiar, la necesidad del artículo y otros. Por ejemplo, ¿sería su respuesta la misma si la diferencia entre los precios, en lugar de 8.000 bolívares fuera de 8.000 dólares? Igualmente, si la familia es de escasos recursos, lo que procedería sería un regaño al hijo que se haya excedido en su presupuesto al comprar el original y con ello, quiérase o no, implícitamente se le estaría dando la razón al que compró el disco quemado. Y si no estuviésemos hablando de un disco, sino de medicinas, ¿afectaría esto su respuesta? 

Las respuestas que yo he recibido al hacer esta pregunta cubren todo el espectro, desde regañar o felicitar a uno, a otro o a ambos, pero la más frecuente, más del 90%, han dicho un "déjame pensar", aún cuando generalmente precedido de ciertos murmullos indicativos de que favorecen la copia quemada. La única vez que recibí una respuesta inmediata, sin titubeos, fue cuando alguien me dijo que si el disco era de un músico local, el coscorrón le iba al del quemado, pero que si por el contrario era de música importada, el coscorrón le tocaba al del original. Adivinen su profesión.... 

Puede que existan verdades absolutas, que le permitan a un padre, deseoso de actuar responsablemente, poder dar una respuesta clara a sus hijos, sin tener que adentrarse en el mundo del todo es relativo. De existir éstas, les agradecería del alma que las compartieran conmigo. 

Lo que sí es cierto es que el padre, que está dispuesto a indicarle a su hijo que la compra del disco quemado no fue una decisión equivocada, debe saber que las autoridades de su país firman diariamente convenios internacionales y decretan leyes, que le otorgan protección ilimitada a los derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, todas las cuales están destinadas a poner preso a quien compre un producto quemado. Esta contradicción nos obliga a reflexionar. 

Si la relatividad o el depende se encuentra presente en el ejemplo planteado entre el padre y sus hijos, donde obviamente influyen factores de índole formativa, sería muy natural que de igual manera la relatividad estuviese presente en nuestro sistema educativo, pero no es así. En nuestras universidades y en los postgrados internacionales a donde acuden nuestros jóvenes para que en el futuro, como abogados, economistas, políticos y demás puedan dirigir nuestra sociedad a un mejor destino – la relatividad no existe y es suplantada por un cúmulo de teorías, dogmas, leyes y demás instrumentos destinados a establecer el exclusivo y absoluto derecho de los originales. 

Hace poco, en el New York Sunday Times, leí un artículo sobre las violaciones del derecho de autor, que ocurren con el uso de las nuevas tecnologías del Internet, donde se planteaba la necesidad de reestablecer la intención original de las leyes sobre el derecho de autor, que exigía la existencia de un balance adecuado entre los derechos del autor y los intereses del usuario. 

No soy abogado, pero ante el hecho de que en Venezuela tengamos ahora y lamentablemente quizás para siempre, muchos más intereses como usuarios de derechos de propiedad, marcas y patentes, que como dueños o titulares de tales derechos, me parece razonable que nos preguntemos acerca de quién está negociando, a nombre de los venezolanos, ese adecuado balance entre dueño y usuario. 

Hasta donde tengo conocimiento, no existe en Venezuela, ni en la escuela de Derecho, ni en la de Economía, una cátedra de Los Derechos del Usuario de Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes. No sé si exista en otros países, pero en todo caso, nos resultaría irrelevante, por cuanto me queda claro que el adecuado balance entre los dueños y usuarios provenientes de países desarrollados, debe ser muy distinto al balance adecuado entre los dueños internacionales y los usuarios de un país pobre en vías de desarrollo. 

En el caso de las medicinas, las patentes puede que le permitan a un laboratorio cobrar un margen de 100 veces el costo directo de la medicina en un país desarrollado, pero ese margen no debería ser permisible, por inmoral, en un país pobre. Es por ello que me permito elevar a la consideración de las cátedras especializadas de nuestras universidades, la necesidad de determinar un límite a esos márgenes de ganancias, a fin de que permitan evitar que una protección racional de un derecho, se convierta en una explotación indebida de un monopolio. 

Caracas, El Universal, 15 de Octubre de 2000

Un cartucho para reactivar la economia

Los ingresos petroleros actuales no están logrando reactivar el aparato productivo en las magnitudes que deberíamos esperar por cuanto, hablando en términos de lluvia, mojan, pero no empapan a la economía nacional. Tratar de analizar las razones de ello requerirían de todo el espacio asignado, razón por la cual voy a limitarme a exponer una idea concreta, que quizás pudiera significar para la economía algo como aquellos cartuchos que se usaban hace tiempo para arrancar los motores de los aviones. 

Esta al igual que muchas otras de las propuestas que circulan, también se basa en tratar de reactivar al sector de la construcción. No obstante, su enfoque difiere por cuanto en lugar de buscar subsidiar a quien está muy lejos de tener la capacidad adquisitiva suficiente para comprar su vivienda, busca asegurar que el que objetivamente debería tener con que, pueda comprarla.

Al contemplar cómo nuestros graduados universitarios, aún consiguiendo empleos, no pueden adquirir su vivienda, no debemos albergar dudas de estar justamente ante un grupo que ciertamente merece que el país apueste a su favor, generando una fuente de créditos a largo plazo, mucho más cuando ello puede ayudar a reactivar la economía y también a reactivar la intermediación financiera. 

En tal sentido, propongo que le ofrezcamos a 10.000 profesionales universitarios, que tengan hasta 6 años de graduados y que actualmente puedan referenciar un ingreso formal o informal equivalente de por lo menos 1.200 dólares mensuales, un número igual de créditos habitacionales por un monto máximo de 40.000 dólares cada uno, pagaderos en 20 años. 

La tasa de interés, para que no se pueda acusar al programa de dar subsidios mayores al de absorber la tasa de riesgo país, podría basarse en la tasa que se cobra por créditos similares en los Estados Unidos, más un margen de por ejemplo el 2.5%. Lo anterior significaría aproximadamente un 10%.

Los créditos, que serían utilizables sólo para adquirir viviendas, cuya construcción se inicie después de haberse decretado la línea de crédito, podrían ser otorgados directamente por el Estado o a través de la banca. En el caso de la banca, ésta podría recibir los fondos al 7.5% y absorber el riesgo crediticio con el margen. 

A 700 bolívares por dólar los créditos equivaldrían a 28 millones de bolívares cada uno, implicando, a una tasa del 10%, el pago de cuotas mensuales de 270.000 bolívares (9.650 bolívares por millón). ¿Cuáles serían los resultados esperados de la propuesta?

En primer lugar, el hecho de que 10.000 profesionales tengan un cupo asegurado de 40.000 dólares para adquirir viviendas hará que muchos promotores puedan iniciar la ejecución de proyectos, que se adecuen a tales necesidades. Esto sin duda ayudaría a reactivar la economía – ya que construir viviendas con mercado asegurado equivales a arar profundo y moja.

En segundo lugar, contribuiría con una modesta ayuda a resolver la necesidad de vivienda de 10.000 profesionales, que deberían estar en capacidad de generar un nivel de ingresos suficientes como para pagar una cuota mensual equivalente a 386 dólares mensual. De no ser cierta tal premisa, es decir, de no lograr tal capacidad de pago, entonces francamente se justificaría el cierre de todo el sistema universitario, ya que sería preferible utilizar los fondos destinados a la educación a otros fines, tales como a construir viviendas.

El hecho de que los créditos se denominen en dólares no debería causar mayor temor, por cuanto ello permitiría ofrecer una tasa de interés nominal relativamente baja a quienes en verdad no merecen subsidios. Si bien, para una obligación a corto plazo, tal como la de una tarjeta de crédito, el efecto de una devaluación sería total e inmediato, en el caso de un crédito a largo plazo, el profesional dispondría de un plazo suficiente que le permitiría ajustar sus ingresos. Por cierto, la propuesta en cuestión no tiene nada que ver con una dolarización de la economía.

El programa, de estar bien diseñado y ante nada bien implementado, podría dar lugar a una cartera sana, que en el corto plazo sería negociable en el mercado financiero, liberando así fondos que permitirían repagar o expandir la oferta. Los futuros fondos de pensiones podrían ser los compradores naturales, ya que para ellos representarían una oportunidad de inversión a bajo riesgo. Con el tiempo, este programa podría incluso hasta ayudar a renacer aquellas fuentes de fondos, que como las cédulas hipotecarias, significaron para tantos venezolanos la posibilidad de comprar su vivienda, opción ésta a la que tristemente nuestra juventud no ha tenido acceso desde hace muchos años. 

¿Cómo debería implementarse este programa? Ante nada, el mismo debería ejecutarse de manera inteligente y honesta, para que cumpla con los objetivos definidos, sin permitir que sea desviado para satisfacer otros intereses, que aún cuando legítimos, no hayan sido contemplados, tales como financiar viviendas ya construidas. En la medida en que el programa reactive la economía, en esa misma medida también ayudará a vender las viviendas existentes.

Muchos se preguntarán: ¿De dónde vamos a sacar los 400 millones de dólares necesarios para disparar el cartucho? En mi opinión, podría usarse el mismo fondo de estabilización macroeconómica, ya que éste realmente no cumple ningún fin mientras la economía venezolana no se haya estabilizado y conseguido un rumbo de crecimiento. 

Que nadie se equivoque. Lo descrito si bien es un cartucho de interés nacional, también constituye, por lo menos en su inicio, un importante sacrificio nacional. En este sentido, creo importante que el programa se rodee de los atributos que maximicen el compromiso del deudor para con el país. De más está señalar que el plan contempla un solo crédito por profesional y su abuso o no pago debería ser repudiado severa y públicamente.

Francamente, si no creemos que está en nosotros el poder apostar al hecho de que nuestros profesionales, durante los próximos 20 años, puedan repagar unos créditos razonables para adquirir viviendas relativamente modestas, entonces apaguemos la luz.

Economía Hoy, 10 de Octubre de 2000

La sociedad civil estuvo ausente en la cumbre OPEP

Independientemente de las decisiones inteligentes, que durante la Cumbre de Caracas puedan haber concertado los miembros de la OPEP, su significado será nulo, a menos que sus ciudadanos decidan adoptar una actitud activa en la defensa de sus intereses. 

Efectivamente, vemos que la única razón por la cual el negociador francés ha logrado increíbles prerrogativas para la agricultura de su país, ha sido la credibilidad que tiene para convencer a sus contrapartes sobre su absoluta necesidad de éxito y esa se basa en su capacidad de referenciar el hecho de que si vuelve a casa con las manos vacías, lo linchan sus agricultores. 

Asimismo es claro, que una organización como la OPEP, que durante 40 años no presentó mayor oposición a los impuestos discriminatorios que aplican los países consumidores a los derivados del petróleo y que de seguro tiene típicos burócratas adversos al riesgo que se dedican a cuidar sus puestos, requiere de alguien que los pellizque duro todo el tiempo. 

Lamentablemente, al contrastar las protestas de los consumidores europeos con la pasividad e indiferencia de nuestros ciudadanos durante la Cumbre, podemos declarar con vergüenza que la Sociedad Civil estaba ausente de ésta. 

Al considerar la importancia de la Cumbre, también sorprendió la baja calidad de muchos de los comentarios hechos por importantes sectores del país. Algunos fueron simplemente irrelevantes, ha sido un buen estímulo para librarnos de buhoneros y limpiar calles, o frívolos, al reportar cuál un “Hola” sobre las curiosidades culturales de nuestros socios. Otros comentarios, la mayoría de ellos de la secta de opinadores profesionales, que sin conocimientos le meten a todo y que cuestionaban los razonables argumentos que ante el mundo presenta la OPEP, eran francamente perjudiciales. 

La apatía, por parte de nuestra Sociedad Civil, en defender sus derechos petroleros puede explicarse, en parte, por la dificultad que ésta tiene para comprender y aceptar, que en el caso de los impuestos al petróleo que aplican los países consumidores, son los productores quienes tienen la razón y el derecho moral de objetar tales impuestos. Como durante años he reflexionado sobre este problema, deseo aprovechar para aliviar algunas de sus principales fuentes de dudas. 

Muchos pueden alegar que es imposible establecer lo que debería ser un precio justo y razonable por el petróleo, pero ello en forma alguna invalida el derecho de exigir un trato justo y razonable. Cuando se habla de justicia en los precios del petróleo, nos referimos ante nada a la participación del productor en su valor de mercado. Un europeo paga 160 dólares por los productos que se derivan de un barril de petróleo crudo y este monto se distribuye en US$30 para el crudo, US$10 por refinación, transporte y distribución y US$120 en impuestos cobrados por el fisco europeo. No hay duda que existe una injusticia ya que quien sacrifica para siempre un activo no renovable, sólo recibe el 19% (30 de 160). 

La mala conciencia, alimentada por los países consumidores, sobre lo lesivo de los altos precios del petróleo, muy especialmente para los países pobres, probablemente es también causante de la referida apatía, pero no podemos perder la perspectiva, recordando que a los países desarrollados nadie les cuestiona cuando, amparados en patentes moralmente dudosas, que les otorgan derechos de monopolio, venden, por ejemplo al África, las medicinas contra el SIDA a precios exorbitantes. 

Por último, la Duda de las Dudas para una persona educada: la protección del ambiente. En esta materia basta asegurar que casi siempre, la protección del ambiente sólo sirve de tonto útil para esconder todo tipo de hipocresías discriminatorias. 

Ciudadanos de los países de la OPEP, la defensa del petróleo, ante nada, a quien le compete es a Ustedes. 

El Universal

https://petropolitan.blogspot.com/2000/10/la-sociedad-civil-estuvo-ausente-en-la.html

¿Nos habrán declarado la guerra?

¿Nos habrán declarado la guerra? 

La semana pasada la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, al referirse a la posibilidad que algunos planteaban de que los países Europeos bajen algo los impuestos a los derivados del petróleo, como la alternativa lógica para lograr bajar los altos precios de la gasolina, que tantas protestas han causado en Europa, dijo que eso era “una solución que hay que excluir”. Su posición fue aún más contundente, cuando declaró que “Optar por una rebaja fiscal supondría dar la razón a la OPEP y sería contrario a las grandes líneas de la política energética y de transporte de la Unión Europea”.

Para un país petrolero como Venezuela, lo anterior, si bien puede que no llegue a ser una declaración de guerra, por lo menos parece ser algo muy similar a un bloqueo económico. Europa con estas declaraciones nos está diciendo, de forma clara y tajante, en primer lugar, que no quieren que sus economías nos compren la cantidad de petróleo, que en condiciones de libre comercio nos hubieran comprado y de segundo, que no quieren pagar el precio por el petróleo, que también se hubiese fijado de existir condiciones de libre comercio. Ni más, ni menos. En cambio, sí pretenden que nosotros, los países petroleros, le garanticemos a Europa que puede vendernos todos sus productos en los volúmenes y precios, que el libre comercio fije, incluso a precios mayores, del mercado no tan libre, y resultante de unos derechos monopólicos recién inventados, como lo son el de las marcas y patentes.

Como país podemos seguir haciéndonos la vista gorda, bajar la cabeza e ignorar la afrenta, o pelear. En lo personal llevo tanto tiempo debatiendo y escribiendo sobre estos impuestos, que no puedo excluir la posibilidad de haber perdido cierta objetividad en la materia, pero les confieso que hay días en que he llegado a identificarme más con las tácticas de los agricultores franceses, que rompen vidrieras de los McDonald’s en defensa de sus intereses, que con los tímidos esfuerzos desplegados por nuestros poco osados negociadores internacionales.

No es permisible que ignoremos el problema. No hay derecho a que mientras los consumidores Europeos son capaces de armar tremenda alharaca, no obstante que para ellos tales impuestos sólo significan una transferencia interna de recursos, del que usa gasolina, al que no la usa; nosotros, en cambio, nos quedamos callados e incluso, vemos como algunos de nuestros opinadores profesionales, han llegado hasta el extremo de aceptarlos como lógicos y justos, a pesar de que tales impuestos representan para nosotros un sacrificio económico real, dado que nos acarrean una menor demanda y menores precios por el crudo.

Para aquellos lectores que pretendan evadir su responsabilidad alegando su ignorancia sobre el tema, como lo hizo un super experto petrolero cuando hace un año me respondió con un “No sabía que los impuestos eran tan altos”, a continuación les presento un gráfico, que de manera explicita describe el problema. En el ejemplo me refiero a Inglaterra – pero en verdad todos los países europeos son básicamente iguales, es más, la mayoría de los países del mundo hacen lo mismo. 

En el gráfico se observa como el índice de precios del crudo, en términos constantes, bajó de un 100% en 1980 a sólo un 18% para 1998, mientras que en ese mismo período el índice de los precios de los productos petroleros, también a precios constantes, subió de 100% en 1980 hasta un 247% para 1998. La extraordinaria diferencia existente en la evolución de ambos índices sólo se explica por el aumento de los impuestos. Así puede apreciarse en el ejemplo que presentamos, donde los impuestos ad-valorem a la gasolina, ya para 1985 representaban un 85%, alcanzando para 1998 a un absurdo 456%.

Hace pocos días el señor Tony Blair, Primer Ministro de Inglaterra, quien está muy conciente del rol fundamental que juegan los impuestos en los altos precios de la gasolina, se dirigió a sus electores diciéndoles que la única manera de bajar tales precios, era hablando con la OPEP. Para que un Premier de un país como Inglaterra, que se jacta de su apego a la información veraz, mienta de una manera tan descarada a sus electores, debe ser que existen unas condiciones muy especiales. ¿Quién sabe?. A lo mejor nos declaró la guerra y no nos hemos enterado.

www.petropolitan.org.ve

Debatiendo los impuestos al petróleo

Los países consumidores de petróleo han venido aumentando los impuestos que le aplican a los derivados del petróleo. Tal es el caso de Inglaterra, donde los impuestos a la gasolina han subido desde un 85% ad valorem en 1980, hasta un 465% para 1998. Llevo años protestando en contra de estos impuestos, que de no existir, permitirían vender la gasolina en Europa a una quinta parte de su valor actual, con lo cual aumentaría la demanda mundial por el petroleo, lo cual, en términos generales, debería ser algo bueno para un país petrolero.

Hace pocos días el Dr. Juan Carlos Sosa Azpúrua, quien se presenta como profesor de energía y desarrollo en la UCAB y USB, publicó un artículo en El Universal titulado "Los impuestos al petróleo no son el problema". Mucho se lo agradezco, por cuanto ello me ha brindado la oportunidad para aclararle, tanto al profesor como a otros ciudadanos, algunos aspectos sobre la materia.

Para sustentar su tesis el profesor presenta tres argumentos. El primero de ellos, que no hay nada que hacer y en tal sentido expresa que "La lucha para disminuir los impuestos es ilusoria y estéril." Como segundo argumento sostiene que los impuestos son buenos per se - al resultar de la "evolución de la sociedad contemporánea (que) tiene implícito un cambio en la conciencia colectiva con respecto a la calidad de vida. Por último, argumenta que los impuestos son irrelevantes para la renta petrolera - ya que empresas como Shell, BP, Exxon y Repsol venden más crudos que Venezuela y obtienen seis veces mayores ingresos. 

No voy a cuestionar hoy su argumento acerca de de si podemos o no hacer algo, ya que ello me obligaría a debatir sobre el concepto de Nación y la forma de cómo entender la vida. Sólo me pregunto o, mejor dicho, le pregunto ¿qué otras cosas creemos poder defender en Venezuela, si ni siquiera estamos dispuestos a defender nuestro petróleo? 

En cuanto a la supuesta bondad de los impuestos, observo que el Profesor Sosa les atribuye tal cualidad basado en unos argumentos ambientales, que podrían ser comprensibles y en ciertos argumentos fundados en unos beneficios fiscales, que me resultan poco comprensibles. 

Al igual que el Profesor Sosa comparto todas sus inquietudes ambientalistas por lo que, cuando sostiene que mientras los precios de la gasolina sean altos, tanto el consumo como la contaminación se mantienen reprimidos, ello pudiera resultar razonable, si lo consideramos aisladamente. Lamentablemente, al referirse dos veces en su artículo a los impuestos a la gasolina junto a unos supuestos impuestos al carbón, el Profesor revela un cierto desconocimiento de la materia. Estudios más a fondo le enseñarían que los impuestos (ambientales) sólo se aplican al (sucio) petróleo mientras que el (limpio) carbón, no sólo se salva de éstos, sino que en países como Alemania y España recibe hasta subsidios. 

Yo sostengo que los impuestos a la gasolina, por la forma como son aplicados, son abiertamente discriminatorios y no tienen nada que ver con una política ambiental. Además, si lo que se busca es mantener los precios altos para ayudir a reducir el consumo, a cuenta de qué no somos nosotros, los vendedores del petróleo, que constituye un activo no renovable, quienes recibimos tales ingresos en lugar del Fisco europeo. El Profesor Sosa dice que con esos ingresos el fisco logra subsidiar empresas, que incursionan en la investigación y producción de celdas fotoválticas solares .... ¡muy bien Profesor! Yo lo que me pregunto es por qué tales ingresos son usados para subsidiar sus empresas, cuando deberían ser para subsidiar a las nuestras. 

Donde sí reconozco que me pierdo en la argumentación, es cuando entre las bondades de los impuestos a la gasolina el Profesor Sosa menciona que "En los últimos años, países como Inglaterra, Suiza,..... España y Dinamarca han incrementado considerablemente los impuestos a la gasolina y los de carbón (¿carbón?), bajando simultáneamente y proporcionalmente los impuestos sobre la renta personal, los tributos a la actividad agrícola y otros, haciendo de esta forma que el impacto negativo del incremento de los impuestos a la gasolina sobre la actividad económica sea nula, y sea más bien favorable ..." Tal como yo lo leo, el Profesor considera como bueno que los impuestos a la gasolina hayan ayudado a bajar los impuestos personales de los europeos, así como a apoyar más aún la ya tan subsidiada agricultura Europea. De ser esto cierto, debo discrepar con el Profesor – puede que sean maravillosos para el europeo, pero a mí, ni a los demás venezolanos no nos confieren beneficio alguno. 

En cuanto a la comparación que hace con las demás empresas petroleras, debo recordarle al Profesor que el efecto de los impuestos para un simple intermediario, para quien lo único que importa es la obtención de su margen, no es lo mismo que el efecto que tiene para quien ve disminuido el valor de sus recursos naturales no renovables. El Profesor Sosa recomienda, como remedio para el bajo precio del petróleo, salir a competir de tú a tú en el área de la comercialización petrolera, basado en que tales empresas ganan mucho. Igualmente válido sería entonces recomendarle a PDVSA, Shell, Repsol y Exxon dedicarse a competir con Microsoft, que gana aún mucho más. 

A principios de 1999, cuando el precio de la gasolina en Europa se ubicaba en US$ 1 y el productor sólo recibía 12.5 cts, ya existían en Inglaterra y en Alemania programas de aumentos a los impuestos a la gasolina, que proyectaban su precio para el 2006, en casi US$ 2.50 por litro (con los mismos 12.5 cts. para el productor) Ante tal evolución, me parece que la recomendación que hace el Profesor Sosa de consolidar nuestra capacidad de producción petrolera parece algo arriesgada, ya que con los impuestos obviamente se busca eliminar toda la demanda por el petróleo. Por supuesto, nadie puede sostener que los impuestos petroleros sean El Problema en Venezuela pero, en materia petrolera, como que sí lo son. 

Finalmente, en su artículo el Profesor Sosa sostiene que a las demás empresas petroleras les ha ido bien por cuanto se concentran en su negocio "sin pretender cambiar la conciencia del mundo y mucho menos regalarle su soberanía a entes como la OPEP". Por cuanto tengo el orgullo de que mi hija haya logrado entrar a una de las Universidades donde el Profesor Sosa instruye, le ruego que no vaya a ensañarle cómo regalar nuestra soberanía al fisco europeo.

El Universal

https://petropolitan.blogspot.com/2000/09/debatiendo-los-impuestos-al-petroleo.html

¿Cuándo demandamos a España y a los demás?

Durante un foro en el IESA en Mayo del 2000 llamado Políticas de Competencia en el Siglo XXI, le formulé la siguiente pregunta al Dr. Julio Pascual y Vicente, Magistrado del Tribunal de Defensa de la Competencia de España. 

Venezuela es ante nada un país exportador de petróleo y cuando este producto entra al territorio Europeo su comercialización es castigada con una serie de impuestos, tales como el de la gasolina, que supera un 400% ad-valorem. Ese impuesto impide que el petróleo compita libremente con los demás productos energéticos, como el carbón, a los cuales no se le aplica impuestos. 

¿Qué hacemos entonces cuando son los propios Estados los que limitan la libre competencia?¿Podemos los venezolanos concurrir por ante su tribunal? 

La respuesta del Dr. Pascual y Vicente fue un honesto, valiente y contundente: 

"¡Sí pueden, y es más, deben! No les auguro mucho éxito, ya que tales impuestos sólo responden a un insaciable apetito de los Estados por unos ingresos fiscales fáciles de cobrar. No obstante, aún cuando el tribunal falle en su contra, habrán ayudado a crear el ruido necesario, para que el consumidor Europeo se entere de la problemática y se dé cuenta de lo mucho que le cobran en impuestos.” (y... nota mía:... que los altos precios de la gasolina no son culpa de los malvados de la OPEP, sino de los propios fiscos de Europa) 

Compatriotas ¿Cuándo introducimos la demanda? 

Llevo algunos meses preguntando lo anterior a representantes de la sociedad civil. No espero una respuesta inmediata, ya que estoy consciente de que la sola idea de salir a defender el petróleo activamente, debe sonarle muy extraña a una población que, hasta la fecha, jamás ha sido convocada a tal fin. 

Asimismo muchos de los grupos locales llevan tanto tiempo buscando la pajita en el ojo propio, que se encuentran incapaces de ver la viga en el ojo del otro. Por ejemplo, cuando le pedí apoyo a una conocida organización local, cuyo objetivo se dice es el de educar y defender los postulados del mercado libre, recibí un NO basado en que "su misión era la de alertar contra los abusos que el Estado comete en detrimento del consumidor, quien es el verdadero actor en una economía de mercado". En otras palabras, esta organización no fue capaz de entender que cuando al consumidor Europeo se le obliga a pagar US$ 1,20 por litro de gasolina, en vez de los US$ 0,35 que debería pagar sin los impuestos, estamos justamente en presencia de un abuso al consumidor. 

Hay otros hechos de discriminación en materia petrolera. En el informe, que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de España (CNE) preparó sobre el mercado eléctrico español de 1998, leemos que existen subsidios al carbón destinados a discriminar contra los hidrocarburos, que han resultado en tal grado efectivos que ”en los primeros meses de 1998 la generación térmica convencional en funcionamiento es de carbón, quedando los grupos de fuel – gas en una posición meramente testimonial”. 

Me pregunto si el Dr. Pascual y Vicente consideraría que nuestras posibilidades de ganar la querella aumentarían por el hecho de que en el reporte de la CNE, las autoridades de España han confesado por escrito que “Las primas al carbón autóctono tiene una influencia importante ... puesto que alteran el orden económico de despacho, convirtiendo el carbón autóctono en un combustible más barato que las otras alternativas.” 

Según el CNE en 1998 se pagaron 55.021 millones de pesetas en incentivos al carbón autóctono, cifra nada despreciable al notar que las compras totales de energía primaria sumaron 885.214 millones de pesetas y el resultado de lo anterior fue que de la producción total de electricidad en España tal año, el 21.4% era hidráulica, el 37.2% nuclear, siendo el carbón la fuente más importante con un 37.9% (¿a espaldas de los ambientalistas?), mientras que, el fuel-oil y el gas, en conjunto, representaban apenas un 3.5% de la generación total. 

Por cierto, España probablemente no es el único país que practica este tipo de discriminación en Europa, considerando que, de acuerdo a la CNE, los subsidios discriminatorios al carbón se ajustan sin ningún problema a las Directivas dictadas por la Unión Europea en materia de normas comunes en materia eléctrica. 

España está violando claramente, en perjuicio de un país petrolero como Venezuela, los principios que supuestamente deben regir las relaciones económicas internacionales vigentes, tales como las de la no discriminación. Estoy seguro de que si la Superintendencia de Bancos en Venezuela dictase una regulación en virtud de la cual se disponga que todos los fondos de los venezolanos depositados en bancos, cuyo capital accionario sea 100% de venezolanos, recibirán del Estado una prima de intereses - para incentivar el capital autóctono - nos lloverían las demandas por parte de los grupos bancarios españoles. 

¿Cuántas evidencias más necesitamos sobre la discriminación que sufrimos como país petrolero antes de lograr comprender la necesidad de defender activamente nuestro petróleo? ¡Vuelvan caras! 

Para el récord, lo anterior lo redacté antes de que Jose María Aznar, durante la Cumbre del Milenio, tuviera la osadía de reclamarle a nuestro presidente los altos precios del petróleo ....... y he tenido que frenarme ya que “osadía” no es, como entenderán, la primera palabra que me viene a la mente. 

Compatriotas y dignatarios de la OPEP que próximamente nos habrán de visitar, nuevamente les pregunto ¿Cuándo introducimos la demanda? 

El Universal

https://petropolitan.blogspot.com/2000/09/cuando-demandamos-espana-y-los-demas.html

La distribución eléctrica vista como una franquicia

De acuerdo con la nueva Ley Eléctrica, para la determinación de las tarifas de distribución de electricidad, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (el Regulador) debe fijar criterios sobre lo que debe ser una rentabilidad acorde con el riesgo de las actividades que realicen (las empresas de distribución eléctrica), en condiciones de operación eficiente. Esta tarea, resulta a todas luces muy difícil debido a lo subjetivo que puede resultar tal evaluación. Algunos quizás se consuelen al saber que los Reguladores eléctricos de casi todos los países se enfrentan a problemas semejantes.

En lo siguiente sugerimos un método de análisis, que aún cuando sencillo, puede ayudar a desarrollar y validar una estructura tarifaria razonable para Venezuela. Su sustento teórico radica en una valuación por parte del mercado, de allí que seguramente cuente con el agrado de quienes defienden la validez del mismo para direccionar la economía; pero tiene la peculiaridad de que también sería el propio mercado, el que limitaría el posible abuso de una posición de monopolio, como el de la distribución eléctrica.

El esquema propuesto se inspira en la forma como normalmente se determina el valor de una franquicia de servicios, es decir, midiendo la utilidad que debería poder obtener un franquiciado, técnicamente calificado, por el derecho de proveer servicios a unos consumidores dentro de un área geográfica determinada.

A tal fin, si estimamos (o nos ponemos de acuerdo) que el negocio de distribución eléctrica debe generar una ganancia promedio de US$ 0,50 por habitante/mes entonces, en una ciudad como Caracas con aproximadamente 4 millones de habitantes, estaríamos hablando de US$ 2 millones al mes y de alrededor de US$ 25 millones por año. Como el negocio de distribución eléctrica es muy seguro (si suponemos que quien lo maneja sabe lo que hace) un franquiciado calificado podría estar satisfecho con una tasa de rendimiento del 10% anual medido en dólares, por lo que el valor de la franquicia eléctrica de Caracas sería de US$ 250 millones (25/.10).

Las tarifas deben cubrir todos los costos de operación, así como los de las inversiones que deban hacerse, pero si están bien calculadas, las acciones del negocio–franquicia deberían valer justamente los US$ 250 millones. Si difieren de este monto, el Regulador debe actuar. Si las acciones llegan a valer más, por ejemplo US$ 400 millones, las únicas explicaciones aceptables serían: o que el negocio es mayor de lo que se pensaba (más población, consumo per cápita, etc) o, lo más probable, que las tarifas son demasiado altas, en cuyo caso el Regulador procedería a bajarlas. Si por el contrario, el negocio sólo vale US$ 150 millones, podemos concluir o bien que la gestión es poco eficiente, o que las tarifas son demasiado bajas. En este caso, el Regulador, usando otros tipos de benchmarking para medir la eficiencia de la gestión, podrá decidir si aumenta las tarifas o las mantiene en su nivel actual, con el fin de obligar al mercado a sustituir a los responsables de tal ineficiente gestión.

Por supuesto, la metodología que aquí se asoma requiere de la existencia de un mercado abierto, en el cual se transen las acciones libremente y hace necesario prohibir la dominancia de ciertos bloques de accionistas, por ejemplo, nadie debe de forma individual controlar más del 30% del capital.

De lograr establecerse unos valores razonables para la franquicia, creemos que además se podría mejorar mucho la eficiencia del proceso de privatización. Por ejemplo, en lugar de adivinar un pliego tarifario que logre atraer el interés de un comprador (o elevarlo artificialmente para maximizar las ganancias en la venta) simplemente se decretaría un valor razonable del negocio y se adjudicaría la concesión a quien, pagando el precio, ofrezca las menores tarifas iniciales. 

Reconocemos que lo propuesto puede resultarle difícil de digerir a un Regulador tradicional, quien toda su vida ha tratado de manera determinística (y probablemente infructuosa) de enfocar las tarifas como una construcción de abajo hacia arriba, es decir, tratando de indagar y sumar todos los detalles relativos a inversiones, costos y ganancias razonables. El esquema descrito parte de la premisa de que un inversionista no sólo conoce y está dispuesto a invertir lo necesario para accesar las utilidades del negocio de distribución eléctrica, sino que también sabe cuál es la mezcla de recursos deuda-capital que más le conviene. Entonces, en lugar de creerse Mandrake el Mago y buscar medir todo, el Regulador, con la ayuda del mercado, lo que mediría y limitaría ante nada serían las aspiraciones de ganancias.

Alguien podría objetar, que limitar las aspiraciones de ganancias quizás afectaría la calidad del servicio o el interés por invertir en el sector. Aún cuando así fuese, la verdad es que la distribución eléctrica es hoy en día una actividad monopolística y, como tal, simplemente debe tener sus ganancias limitadas. Por cierto, lo anterior no impide que se regule que una cierta porción de la tarifa esté en función del cumplimiento o no de ciertos objetivos o estándares de calidad. Además, nunca debemos olvidar que el negocio eléctrico no es exageradamente complejo, lo que requiere es de un sentido gerencial de “austera disciplina”, que justamente puede ser incentivado con una mayor estabilidad y una limitación implícita de las ganancias. En este sentido, es tradicional que empresas de servicio público reguladas, logren satisfacer sus nóminas a menor costo, al ofrecer mayor estabilidad de trabajo.

El lograr una valorización de las franquicias de distribución – el valor del negocio – el punto – y que éste sea conocido, también facilitaría todos aquellos procesos en los que se necesita de un valor referencial, tales como en la reversión de concesiones o en la recompra por el Estado a cuenta del interés público. Una concesión para un servicio público es un asunto de buena fe de parte y parte, por lo que nunca he creído que la responsabilidad por unas tarifas razonables, sea exclusivamente del Regulador. Como consumidor, vería con mucho interés un sistema donde quien esté dispuesto a ofrecer, de manera garantizada y por un período dado, tarifas sustancialmente menores por el mismo servicio, tenga la posibilidad de hacer una oferta pública de comprar la franquicia. En tales circunstancias tampoco sería justo que el vendedor, quien en base a una negociación con el Regulador, ha logrado, como dicen, montar al consumidor en la olla, sea quien se beneficie de la venta.

Otra ventaja que podría derivarse de adoptar un modelo de decisión tarifaria, basado en mantener el valor de la franquicia, sería la de ayudar a reducir el nivel del riesgo percibido en el negocio, lo cual probablemente atraería a capitales, que con sus bajas aspiraciones de rendimiento, son al fin y al cabo los que terminan fomentando unas menores tarifas.

Lo sugerido no implica en forma alguna que el Regulador no deba tener a su disposición toda la información precisa y detallada del sector eléctrico, la cual siempre le puede ser necesaria para validar sus decisiones, especialmente cuando la mano invisible del mercado sea temporalmente peluda.

Publicado en Economía Hoy el 12 de septiembre de 2000

Su Ombudsman Eléctrico

Los fondos de pensiones que yo quiero

El Estado siempre o casi siempre ha tenido una obligación implícita de cuidar a sus mayores, al igual que el individuo siempre o casi siempre ha tenido el derecho de ahorrar para garantizar, en lo posible, cubrir las necesidades de su vejez. Sin embargo, el Estado y el individuo nunca o casi nunca han logrado alcanzar tales metas, ya que como diría un americano “that´s life” - así es la vida. Ultimamente, he estado expresando mis creencias y deseos sobre una serie de aspectos de nuestra realidad nacional y hoy le ha tocado el turno a los fondos de pensiones (FdP).

El debate sobre los FdP que yo quiero, comienza por dejar muy claro que los actuales planes de FdP, sencillamente significan meter la mano al bolsillo del empleado o de su empleador para extraer de ellos, con carácter obligatorio, ciertos recursos para: a) Hacer pagos a quienes, hoy o en un futuro, no hayan logrado acumular recursos de manera individual y de acuerdo con un sistema, que algunos llaman “de reparto” (nombre que a veces me parece algo despectivo, dado nos recuerda a la rebatiña de las piñatas) y otros llaman “de solidardad intergeneracional”; b) Capitalizar recursos de manera individual para que sus titulares no se conviertan en futuras cargas para la sociedad y c) Pagar los gastos del sistema.

El debate sobre los FdP que yo quiero, reconoce que el extraer recursos para el mañana de quien, debido a la profunda recesión económica, básicamente no tiene ni para hoy, es materia muy delicada y que si además se aspira a que tal osadía rinda frutos, se debe estar consciente de que tales propósitos no se logran con la mera copia o mezcla de unos sistemas previsionales ajenos.

El debate sobre los FdP que yo quiero, reconoce la existencia de una serie de intereses secundarios que pululan por los alrededores, principalmente con la vista bien puesta en captar, para su propio bolsillo, buena parte de los gastos del sistema ... y sabe mantenerlos alejados del debate.

El debate sobre los FdP que yo quiero, relega a un segundo plano la discusión sobre si deben ser privados o públicos. Hay evidencias más que suficientes como para determinar que, en materia de administración de FdP, tanto el sector privado como el Estado, generalmente han fracasado. Los pocos logros que se observan, abarcan períodos tan cortos que, en términos históricos, cualquiera pudiera sostener que éstos sólo son aún, otros fracasos por ocurrir.

El debate sobre los FdP que yo quiero, se construye sobre premisas mucho más realistas que aquéllas que dan como por ciertas las posibilidades de garantizar un rendimiento real para un período largo. Si eso fuera posible, sólo habría ricos en el mundo. (Ver Nota)

El debate sobre los FdP que yo quiero, concientiza al país de que la posibilidad de lograr en un futuro pensiones justas y razonables comienza y termina con el estado en que se encuentre la economía del país para su momento. Si la economía de Venezuela no mejora, ni los FdP de Mandrake servirán para algo, mientras que, si por el contrario, la economía muestra señales de alcanzar su potencial, puede haber recursos para pagar todo, aún sin FdP. 

El debate sobre los FdP que yo quiero, sabe que la pregunta más importante a responder, es dónde invertir los fondos y reconoce que en la actualidad existen muy pocas oportunidades de inversión a largo plazo por lo que, de la misma forma como se limita el uso de los fondos de las FdP a ciertas inversiones, también puede que sea necesario reservar ciertas inversiones para el uso exclusivo de los FdP. En tal sentido, y sin sonrojarme, me atrevería a lanzar la propuesta de reservar a los FdP de los venezolanos, por ejemplo, la inversión en aquellas distribuidoras eléctricas que posiblemente habrán de ser privatizadas en un futuro cercano, antes de dejarle tales lomitos de bajo riesgo, a los FdP extranjeros.

El debate de los FdP que yo quiero, sabe que permitir que los recursos captados, como consecuencia de una obligación impuesta por el Estado, sean colocados en el exterior, es una total aberración, por lo que sería hasta preferible dejar que el individuo lo haga por su propia iniciativa, como de hecho ocurre hoy.

El debate sobre los FdP que yo quiero, por todo lo antes expuesto, no tiene duda en calificar a tales fondos más como unos instrumentos para el desarrollo, que como garantías directas para satisfacer las necesidades de la vejez individual.

Los FdP que yo quiero, conforman antes que nada, una oportunidad única para desarrollar algunas fuentes de fondos a largo plazo, que de ser exitosas, pudieran a su vez atraer otros recursos similares, que contribuyan al desarrollo del pais.

Los FdP que yo quiero, son regulados por unas autoridades que saben discernir entre lo que son inversiones válidas a largo plazo y aquellas inversiones que sólo buscan rendimientos especulativos, sean éstos políticos o financieros.

Los FdP que yo quiero, saben que su futuro no se encuentra en volcarse en una frenética y cuasi incestuosa persecución de valores de inversión ya existentes.

Los FdP que yo quiero, intuyen que la mejor seguridad para la vejez del mañana, está en la ausencia de una deuda externa y, en tal sentido, cuestionan seriamente la idea de tomar préstamos (en este caso del BID) para constituir el capital semilla del sistema.

Los FdP que yo quiero, definitivamente persiguen fines más importantes que los de generar ganancias por intermediación financiera y servir de fuente de empleo a una brigada de comisionistas que, cual vendedores de tiempo compartido con promesas poco fundadas, buscan atraer al trabajador al FdP de turno.

Los FdP que yo quiero, son administrados por personas que, justamente por sus conocimientos, saben ser humildes ante la inmensa responsabilidad de su tarea.

Los FdP que yo quiero, incentivan el ahorro personal, pero no liberan al individuo de su cuota parte de responsabilidad para con la sociedad.

Los FdP que yo quiero, complementan, pero no liberan al Estado de su responsabilidad en materia de seguridad social.

Durante una década, que finalizó con la neo-colonización del banco por agentes de la Madre Patria (destino que sufrieron tantos otros bancos), fuí el representante del único banco chileno con oficina de representación en Venezuela. Como entenderán tuve muchas ocasiones para estudiar, participar en debates y reflexionar sobre la materia del ahorro previsional. Con el corazón en la mano les digo a mis compatriotas, que los FdP son una materia demasiado delicada para, como se dice, dejarla abandonada a su suerte o mala suerte en manos de politicos y de gestores financieros.

El Universal, 10 de Septiembre 2000

PS. Justo el día en que llegamos a los 100 años de petróleo en Venezuela, éste fue el artículo que El Universal de facto censuro, cuando sus nuevos dueños decidieron censurarme/despedirme tras casi 15 años como uno de sus no remunerados articulistas. La censura incluyó el borrar todos los correspondientes registros en la web