octubre 27, 2000

Despistados en el mar de la globalizacion

Acabo de regresar de un viaje por Centroamérica, donde tuve la ocasión de ver que en el debate sobre cómo mejorar los servicios públicos, tales como la administración del agua, está muy presente la posible entrega de concesiones a empresas extranjeras. Con tristeza reflexioné sobre cómo culturas, que hace cientos de años sabían bastante acerca de la administración de sus propios sistemas de agua, hoy han claudicado en su esfuerzo.
Hay una película juvenil llamada Clueless, que en español equivaldría a Despistado y que teniendo tres hijas, he tenido que ver varias veces. En esta película, la muchacha, al tratar de obtener el certificado de conducir, es regañada por el examinador por no saber estacionar, a lo que ella esgrime como excusa que en todos los lugares existe valet parking. Hoy, ante las dificultades de lograr que nuestros servicios públicos sean eficientes, siento que muchos responden en forma similar con un: '¿para qué esforzarnos, si para eso hay inversionistas extranjeros?
Cuando para dar un buen servicio público sean indispensables considerables recursos financieros o tecnologías avanzadas, como las que hoy existen el sector de telecomunicaciones, es posible que un país no tenga más alternativa, que la de concurrir por ante los inversionistas extranjeros para plantearles un negocio. Pero en el caso de proyectos, donde lo único que en verdad se necesita es una buena administración y lograr definir las relaciones con la comunidad en términos de calidad, monto de las tarifas y disposición del pago de éstas renunciar al esfuerzo de buscar una solución dentro del ámbito nacional, siembra de interrogantes a nuestra ambición de nación.
Se podrán preguntar ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la administración del agua o la distribución eléctrica con la vigencia de una nación, y la respuesta probablemente tendría que ser: 'directamente, nada'. No obstante y por cuanto construir una nación no es tarea fácil y requiere como mínimo, que la sociedad aprenda a resolver por sí sola sus propios asuntos, solventar los problemas de electricidad o de agua sobre la base de una ayuda externa, pudiese entonces equivaler a unos padres que haciéndoles las tareas a los hijos, les aseguran a ellos una buena nota, pero también el que no aprendan nada.
Se conoce que muchas de las actuales presiones, que terminan por crear las condiciones que propician la venta de concesiones de los servicios públicos a empresas extranjeras, provienen de los entes multilaterales. En ocasiones me he preguntado si tales entes, que tanto predican que más importante que dar de comer, es enseñar a pescar, no se dan cuenta de que lo que proponen es que vendamos el mar.
En Venezuela estamos cerca de reiniciar los procesos de privatización de ciertos servicios públicos y, en tal sentido, considero oportuno plantearnos, sin complejos, la pregunta sobre si los inversionistas extranjeros deben o no tener acceso a los mismos. Hago referencia a lo de sin complejos, por cuanto presiento que muchos sufren hoy de unos complejos de insuficiencia globalizadora, que con creces supera los algo exagerados complejos nacionalistas de hace unas pocas décadas.
Entonces, ¿qué debemos hacer para permitir y asegurar la presencia de intereses nacionales en las privatizaciones que se avecinan? Ante nada creo que es importante reconocer que la manera como se plantee el proceso privatizador, tenderá a ahuyentar o a atraer al inversionista nacional.
Por ejemplo, si para el caso de la privatización de una distribuidora eléctrica, el Estado desea obtener un pago importante en la subasta, el cual deberá sumarse a los requerimientos de inversiones eléctricas propias, la inversión total será tan grande que tenderá a descalificar al inversionista nacional. Si por el contrario, los activos eléctricos fueran, por ejemplo, entregados en usufructo a quien ofrezca cobrar las menores tarifas, los nacionales tendría una mejor posibilidad de participar.
Por último y buscando apoyo por eso de que nadie es profeta en su propia tierra, me permito traer como referencia unas declaraciones que hace poco oí a David Montgomery, Visconte del Alemein, hijo del general Montgomery (Monty) y nuevo embajador de Inglaterra en México, donde sostenía que él simplemente no podía comprender cómo Argentina había vendido todas sus empresas de servicios públicos a inversionistas extranjeros. Yo tampoco lo comprendo, pero de lo que sí estoy seguro es que a menos que aceptemos perder a nuestro país en el mar de la globalización, debemos marcar con mayor claridad algunas posiciones limítrofes y no me refiero sólo a las fronteras geográficas.
¡Qué fastidio! Con tanto sitio para globalizar, ¿por qué quieren hacerlo justo aquí?

octubre 15, 2000

Papi ..... ¿el original o el quemado?

Suponga Usted que es padre (o madre) de dos gemelos, quienes aún cuando se llevan muy bien entre sí, son extremadamente celosos cuando se trata del cariño de sus padres. Un día se le acercan ambos, con ojos que brillan con una mezcla de entusiasmo y ansiedad y luego de pedirle la bendición, le piden que les diga cuál de ellos actuó mejor. El primero compró un disco original por Bs.12.000, mientras que el segundo, por una copia pirata del mismo, mejor conocida como “un quemado”, apenas pagó Bs. 4.000. Claro que la carátula de este último no tiene el mismo brillo, pero la calidad del sonido es imposible diferenciarla de la del original.
No es fácil responder a lo anterior y la respuesta podrá depender de muchos factores, tales como la diferencia de precios, el ingreso familiar, la necesidad del artículo y otros. Por ejemplo, ¿sería su respuesta la misma si la diferencia entre los precios, en lugar de 8.000 bolívares fuera de 8.000 dólares? Igualmente, si la familia es de escasos recursos, lo que procedería sería un regaño al hijo que se haya excedido en su presupuesto al comprar el original y con ello, quiérase o no, implícitamente se le estaría dando la razón al que compró el disco quemado. Y si no estuviésemos hablando de un disco, sino de medicinas, ¿afectaría esto su respuesta?
Las respuestas que yo he recibido al hacer esta pregunta cubren todo el espectro, desde regañar o felicitar a uno, a otro o a ambos, pero la más frecuente, más del 90%, han dicho un "déjame pensar", aún cuando generalmente precedido de ciertos murmullos indicativos de que favorecen la copia quemada. La única vez que recibí una respuesta inmediata, sin titubeos, fue cuando alguien me dijo que si el disco era de un músico local, el coscorrón le iba al del quemado, pero que si por el contrario era de música importada, el coscorrón le tocaba al del original. Adivinen su profesión....
Puede que existan verdades absolutas, que le permitan a un padre, deseoso de actuar responsablemente, poder dar una respuesta clara a sus hijos, sin tener que adentrarse en el mundo del todo es relativo. De existir éstas, les agradecería del alma que las compartieran conmigo.
Lo que sí es cierto es que el padre, que está dispuesto a indicarle a su hijo que la compra del disco quemado no fue una decisión equivocada, debe saber que las autoridades de su país firman diariamente convenios internacionales y decretan leyes, que le otorgan protección ilimitada a los derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, todas las cuales están destinadas a poner preso a quien compre un producto quemado. Esta contradicción nos obliga a reflexionar.
Si la relatividad o el depende se encuentra presente en el ejemplo planteado entre el padre y sus hijos, donde obviamente influyen factores de índole formativa, sería muy natural que de igual manera la relatividad estuviese presente en nuestro sistema educativo, pero no es así. En nuestras universidades y en los postgrados internacionales a donde acuden nuestros jóvenes para que en el futuro, como abogados, economistas, políticos y demás puedan dirigir nuestra sociedad a un mejor destino – la relatividad no existe y es suplantada por un cúmulo de teorías, dogmas, leyes y demás instrumentos destinados a establecer el exclusivo y absoluto derecho de los originales.
Hace poco, en el New York Sunday Times, leí un artículo sobre las violaciones del derecho de autor, que ocurren con el uso de las nuevas tecnologías del Internet, donde se planteaba la necesidad de reestablecer la intención original de las leyes sobre el derecho de autor, que exigía la existencia de un balance adecuado entre los derechos del autor y los intereses del usuario.
No soy abogado, pero ante el hecho de que en Venezuela tengamos ahora y lamentablemente quizás para siempre, muchos más intereses como usuarios de derechos de propiedad, marcas y patentes, que como dueños o titulares de tales derechos, me parece razonable que nos preguntemos acerca de quién está negociando, a nombre de los venezolanos, ese adecuado balance entre dueño y usuario.
Hasta donde tengo conocimiento, no existe en Venezuela, ni en la escuela de Derecho, ni en la de Economía, una cátedra de Los Derechos del Usuario de Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes. No sé si exista en otros países, pero en todo caso, nos resultaría irrelevante, por cuanto me queda claro que el adecuado balance entre los dueños y usuarios provenientes de países desarrollados, debe ser muy distinto al balance adecuado entre los dueños internacionales y los usuarios de un país pobre en vías de desarrollo.
En el caso de las medicinas, las patentes puede que le permitan a un laboratorio cobrar un margen de 100 veces el costo directo de la medicina en un país desarrollado, pero ese margen no debería ser permisible, por inmoral, en un país pobre. Es por ello que me permito elevar a la consideración de las cátedras especializadas de nuestras universidades, la necesidad de determinar un límite a esos márgenes de ganancias, a fin de que permitan evitar que una protección racional de un derecho, se convierta en una explotación indebida de un monopolio.
Caracas, El Universal, 15 de Octubre de 2000

octubre 10, 2000

Un cartucho para reactivar la economia

Los ingresos petroleros actuales no están logrando reactivar el aparato productivo en las magnitudes que deberíamos esperar por cuanto, hablando en términos de lluvia, mojan, pero no empapan a la economía nacional. Tratar de analizar las razones de ello requerirían de todo el espacio asignado, razón por la cual voy a limitarme a exponer una idea concreta, que quizás pudiera significar para la economía algo como aquellos cartuchos que se usaban hace tiempo para arrancar los motores de los aviones. 
Esta al igual que muchas otras de las propuestas que circulan, también se basa en tratar de reactivar al sector de la construcción. No obstante, su enfoque difiere por cuanto en lugar de buscar subsidiar a quien está muy lejos de tener la capacidad adquisitiva suficiente para comprar su vivienda, busca asegurar que el que objetivamente debería tener con que, pueda comprarla.
Al contemplar cómo nuestros graduados universitarios, aún consiguiendo empleos, no pueden adquirir su vivienda, no debemos albergar dudas de estar justamente ante un grupo que ciertamente merece que el país apueste a su favor, generando una fuente de créditos a largo plazo, mucho más cuando ello puede ayudar a reactivar la economía y también a reactivar la intermediación financiera. 
En tal sentido, propongo que le ofrezcamos a 10.000 profesionales universitarios, que tengan hasta 6 años de graduados y que actualmente puedan referenciar un ingreso formal o informal equivalente de por lo menos 1.200 dólares mensuales, un número igual de créditos habitacionales por un monto máximo de 40.000 dólares cada uno, pagaderos en 20 años. 
La tasa de interés, para que no se pueda acusar al programa de dar subsidios mayores al de absorber la tasa de riesgo país, podría basarse en la tasa que se cobra por créditos similares en los Estados Unidos, más un margen de por ejemplo el 2.5%. Lo anterior significaría aproximadamente un 10%.
Los créditos, que serían utilizables sólo para adquirir viviendas, cuya construcción se inicie después de haberse decretado la línea de crédito, podrían ser otorgados directamente por el Estado o a través de la banca. En el caso de la banca, ésta podría recibir los fondos al 7.5% y absorber el riesgo crediticio con el margen. 
A 700 bolívares por dólar los créditos equivaldrían a 28 millones de bolívares cada uno, implicando, a una tasa del 10%, el pago de cuotas mensuales de 270.000 bolívares (9.650 bolívares por millón). ¿Cuáles serían los resultados esperados de la propuesta?
En primer lugar, el hecho de que 10.000 profesionales tengan un cupo asegurado de 40.000 dólares para adquirir viviendas hará que muchos promotores puedan iniciar la ejecución de proyectos, que se adecuen a tales necesidades. Esto sin duda ayudaría a reactivar la economía – ya que construir viviendas con mercado asegurado equivales a arar profundo y moja.
En segundo lugar, contribuiría con una modesta ayuda a resolver la necesidad de vivienda de 10.000 profesionales, que deberían estar en capacidad de generar un nivel de ingresos suficientes como para pagar una cuota mensual equivalente a 386 dólares mensual. De no ser cierta tal premisa, es decir, de no lograr tal capacidad de pago, entonces francamente se justificaría el cierre de todo el sistema universitario, ya que sería preferible utilizar los fondos destinados a la educación a otros fines, tales como a construir viviendas.
El hecho de que los créditos se denominen en dólares no debería causar mayor temor, por cuanto ello permitiría ofrecer una tasa de interés nominal relativamente baja a quienes en verdad no merecen subsidios. Si bien, para una obligación a corto plazo, tal como la de una tarjeta de crédito, el efecto de una devaluación sería total e inmediato, en el caso de un crédito a largo plazo, el profesional dispondría de un plazo suficiente que le permitiría ajustar sus ingresos. Por cierto, la propuesta en cuestión no tiene nada que ver con una dolarización de la economía.
El programa, de estar bien diseñado y ante nada bien implementado, podría dar lugar a una cartera sana, que en el corto plazo sería negociable en el mercado financiero, liberando así fondos que permitirían repagar o expandir la oferta. Los futuros fondos de pensiones podrían ser los compradores naturales, ya que para ellos representarían una oportunidad de inversión a bajo riesgo. Con el tiempo, este programa podría incluso hasta ayudar a renacer aquellas fuentes de fondos, que como las cédulas hipotecarias, significaron para tantos venezolanos la posibilidad de comprar su vivienda, opción ésta a la que tristemente nuestra juventud no ha tenido acceso desde hace muchos años. 
¿Cómo debería implementarse este programa? Ante nada, el mismo debería ejecutarse de manera inteligente y honesta, para que cumpla con los objetivos definidos, sin permitir que sea desviado para satisfacer otros intereses, que aún cuando legítimos, no hayan sido contemplados, tales como financiar viviendas ya construidas. En la medida en que el programa reactive la economía, en esa misma medida también ayudará a vender las viviendas existentes.
Muchos se preguntarán: ¿De dónde vamos a sacar los 400 millones de dólares necesarios para disparar el cartucho? En mi opinión, podría usarse el mismo fondo de estabilización macroeconómica, ya que éste realmente no cumple ningún fin mientras la economía venezolana no se haya estabilizado y conseguido un rumbo de crecimiento. 
Que nadie se equivoque. Lo descrito si bien es un cartucho de interés nacional, también constituye, por lo menos en su inicio, un importante sacrificio nacional. En este sentido, creo importante que el programa se rodee de los atributos que maximicen el compromiso del deudor para con el país. De más está señalar que el plan contempla un solo crédito por profesional y su abuso o no pago debería ser repudiado severa y públicamente.
Francamente, si no creemos que está en nosotros el poder apostar al hecho de que nuestros profesionales, durante los próximos 20 años, puedan repagar unos créditos razonables para adquirir viviendas relativamente modestas, entonces apaguemos la luz.

Economía Hoy, 10 de Octubre de 2000